El 15 de febrero, se conmemoró el Día Internacional del Cáncer Infantil, una fecha que constituye un llamado a la acción para garantizar que cada niño, niña y adolescente tenga acceso equitativo a un diagnóstico oportuno y a un tratamiento integral y de calidad. Más que una jornada simbólica, representa una oportunidad para reafirmar el compromiso colectivo con la protección efectiva de los derechos de la niñez frente a una enfermedad que interpela no solo al sistema de salud, sino también al entramado social e institucional en su conjunto.
A diferencia del cáncer en adultos, la patología oncológica pediátrica no puede prevenirse mediante cambios en el estilo de vida, ya que en la mayoría de los casos se origina por mutaciones genéticas no heredadas que provocan un crecimiento celular descontrolado. Entre las patologías más frecuentes se encuentran las leucemias —el tipo más común, que afecta a los glóbulos blancos—, los tumores del sistema nervioso central, los linfomas que comprometen el sistema linfático, y los sarcomas y otros tumores sólidos. En oncología pediátrica, el tiempo es vida: debido a la rápida división celular en la infancia, la detección temprana resulta determinante para mejorar las tasas de supervivencia, que actualmente pueden superar el 80% en numerosos tipos de cáncer infantil.
Sin embargo, el abordaje del cáncer infantil trasciende el tratamiento médico y constituye, ante todo, un imperativo de justicia social. Además de garantizar la cobertura sanitaria adecuada, es esencial brindar soporte psicológico, cuidados paliativos, acompañamiento interdisciplinario y asegurar la continuidad del proceso educativo y la integración social del niño, niña o adolescente durante el tratamiento. La protección integral implica remover barreras económicas, geográficas y administrativas que puedan obstaculizar el acceso efectivo a la atención.
En Argentina, la Ley 27.674, sancionada en 2022, establece el Régimen de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer, garantizando derechos fundamentales hasta los 18 años, entre ellos la cobertura total (100%) en prestaciones de salud, una asignación económica otorgada por ANSES, licencias laborales para los cuidadores y beneficios de transporte y alojamiento durante el tratamiento activo. Esta normativa representa un avance sustancial en la consolidación de un sistema de protección que prioriza el interés superior del niño y la igualdad real de oportunidades.
Desde la Oficina del Niño, Niña y Adolescente (ONNA), reafirmamos el compromiso del Poder Judicial de Jujuy con la defensa y promoción de los derechos de la niñez y adolescencia. Velamos para que en nuestra provincia no existan barreras que limiten el acceso a la salud, promoviendo una mirada integral que coloque siempre en el centro el bienestar de los niños, niñas y adolescentes frente a esta enfermedad. En esta fecha, renovamos el compromiso institucional de sensibilizar, concientizar y proteger, entendiendo que el acceso a la salud es un derecho humano fundamental y una responsabilidad compartida por toda la sociedad.